Arnaldo Otegi le ha puesto boca arriba al lehendakari Ibarretxe todas sus estrategias al apoyar la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. No estaba en el guión ni de él ni de casi nadie que la ilegalizada Batasuna diera luz verde ayer en el pleno del Parlamento vasco al plan soberanista auspiciado por el Gobierno tripartito (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua). Pero el líder batasuno le sorprendió con una jugada de pícaro, que muy posiblemente provocará la muerte del llamado plan Ibarretxe, pues será rechazado por las Cortes Generales por inconstitucional, al tiempo que meterá presión al PNV para conseguir que el partido de la izquierda abertzale participe en las elecciones autonómicas del próximo mayo. Ibarretxe sabía que jugaba con fuego ...y se ha quemado.
Otegi le ha gastado aparentemente una muy mala pasada al tripartito, pero sobre todo al propio Ibarretxe, quien daba por asumido que los seis diputados de Socialista Abertzaleak (SA), el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna, votarían en contra y por consiguiente su plan no contaría con la mayoría absoluta, fijada en 38 votos. Pues bien, logró 39. En su insólita defensa de cómo se adjudican tres votos a una opción y tres a la contraria, Otegi dejaba claro, por si hiciera falta, su reto: un triple sí "a Euskal Herria, a la autodeterminación y a un gran acuerdo que permita abrir las puertas para superar el conflicto", pero un rotundo y triple no "a los errores de hace 25 años", en referencia al Estatuto de Gernika.
Para Otegi, todos los males vienen del Estatuto de 1979 -ahora sí se puede decir que ha muerto tras lo ocurrido ayer-, y propone que sean los propios vascos quienes decidan su futuro. Es decir, nada de pactar con Madrid, sino de apostar por una estrategia rupturista y de reunir en una mesa de negociación a todas las fuerzas vascas para marcar las propias reglas, que contemplen directamente la independencia.
Se trata de una auténtica perversión, pues en cierta manera le obliga a Ibarretxe a comprometerse mucho más de lo que deseaba, a ir más allá de lo que busca su reforma estatutaria -"una relación de amable convivencia" con el Estado español-, porque para la izquierda abertzale su plan no sirve. No se puede descartar que el golpe de teatro de ayer pueda esconder algún acuerdo secreto entre peneuvistas y batasunos. Algunas señales de deshielo se habían producido tras el mitin de Otegi hace un mes en Anoeta, en el que anunciaba que había llegado la hora del diálogo mientras ETA ponía una bomba en un cuartel.

No se puede descartar que el golpe de teatro de ayer pueda esconder algún acuerdo secreto entre peneuvistas y batasunos. Algunas señales de deshielo se habían producido tras el mitin de Otegi hace un mes en Anoeta, en el que anunciaba que había llegado la hora del diálogo mientras ETA ponía una bomba en un cuartel.

¿Y ahora qué? Teóricamente, el plan debe ser remitido a las Cortes Generales para su aprobación como ley orgánica. Está ya descartado que pase, pues tanto el PSOE como el PP ya han manifestado que votarán en contra por considerarlo anticonstitucional. En su idea inicial, cuando lo formuló hace tres años, Ibarretxe habló de abrir simultáneamente una negociación con el Gobierno que no rebasara los seis meses y someter luego a consulta popular de la ciudadanía vasca su plan, con o sin acuerdo de las Cortes e infringiendo la ley. Anoche mismo llamó al jefe del Gobierno, Rodríguez Zapatero, para solicitarle la apertura de negociaciones. Antes del golpe de efecto de Otegi, el lehendakari volvió a subrayar en el Parlamento que la consulta se haría. Posiblemente se haga en un futuro, pero con otro plan. Además, nadie excluye que el voto sea invalidado y considerado ilegal al haber sido logrado con el respaldo de un partido ilegalizado.

Desde ayer, el guión cambia, y para mal, para Ibarretxe. El PNV y su socio EA habían cerrado días atrás un acuerdo para volver a concurrir en coalición a las elecciones de mayo, junto con Ezker Batua, llevando el plan de reforma estatutaria, que presuponían iba a ser derrotado en el Parlamento de Vitoria, como eje programático y esgrimiendo la celebración de un referéndum a fecha fija como cebo para seguir atrayendo votos de Batasuna. Pero los tiempos no los marca él, sino Otegi.

Precisamente porque el desafío planteado por Ibarretxe y quienes le apoyan es muy grave, conviene evitar reacciones improvisadas, fulgurantes o histéricas. En primer lugar hay que evitar que, como ha ocurrido frente a otros desafíos contra la convivencia democrática -y éste lo es-, las discrepancias sobre la forma de hacerle frente dividan a las fuerzas que pueden y deben darle respuesta. Conviene también no dejarse embaucar por la retórica nacionalista respecto a la naturaleza del reto: no es una propuesta de relación amable con España, ni de convivencia entre vascos; es el inicio de un proceso gradual e irreversible de desconexión con España, de división de la sociedad vasca y de ruptura con la lógica del Estado autonómico constitucional. Por ello debe ser frenado ahora.

La iniciativa de la respuesta corresponde al Gobierno. Es lógico que surjan discrepancias o dudas sobre la mejor estrategia a seguir, pero sería absurdo que el debate entre PSOE y PP haga pasar a segundo plano el objetivo compartido. También el PSOE tuvo dudas en su momento sobre algunas de las iniciativas tomadas por el Gobierno del PP en materias sensibles, pero las secundó en casi todos los casos. Esa responsabilidad sería esperable ahora de Rajoy.

La discusión sobre si debe plantearse la batalla en el terreno político o en el judicial es tan absurda como aquella de si a ETA se la combatía política o policialmente: no son vías excluyentes. El recurso ante el Constitucional que plantea el PP puede ser conveniente en un momento dado, y no cabe excluirlo sin más; pero, aparte de su dudosa admisión a trámite a la luz de la sentencia que dictó en abril a propósito del recurso planteado por el Gobierno de Aznar, tendría el efecto indeseado de paralizar la intervención del Parlamento español, que es quien debe pronunciarse. El debate parlamentario debería producirse cuanto antes; en todo caso, antes de las elecciones autonómicas vascas, a fin de que los votantes conozcan anticipadamente el rechazo de las Cortes al plan Ibarretxe: por su contenido anticonstitucional, su probable fraude de ley (reforma constitucional bajo formato de reforma estatutaria), y por todas las demás razones, de procedimiento y políticas, a las que Ibarretxe ha hecho caso omiso.

Ayer aseguró que no aceptará que el Parlamento español (él dijo "el PP y el PSOE unidos en el Pacto antiterrorista") pueda revocar lo decidido "por la sociedad vasca" (no dijo "por los nacionalistas y el brazo político de ETA"). Puso mucho énfasis en considerar obvio que el Parlamento español no tiene voz ni voto, excepto para pactar las condiciones de aplicación del plan mediante una negociación de Gobierno a Gobierno. Sin embargo, el Estatuto vasco prevé esa intervención del Parlamento central, precisamente para garantizar la cohesión del conjunto frente a eventuales propuestas rupturistas de una comunidad.

Pero no es cierto que la última palabra la tenga el Congreso; el procedimiento de reforma de los Estatutos vasco y catalán se la concede al cuerpo electoral de la comunidad autónoma en referéndum. Con ello se garantiza una solución equilibrada: la reforma deberá ser compatible con el sistema a riesgo de rechazo en el Parlamento central; pero los recortes que éste pueda imponer deberán ser moderados para evitar el riesgo de rechazo en el ulterior referéndum. Ibarretxe se ha saltado todo esto y lo que plantea es la alternativa entre negociar la aplicación de su plan o convocar unilateralmente un referéndum ilegal sobre el texto presentado. Dice que la otra única posibilidad sería resolverlo "a tortas". Pero excluye la más adecuada: la reforma siguiendo los cauces legales. Contra lo que parece creer Ibarretxe, la libertad no es la ausencia de normas, sino, como escribió Montesquieu, el "derecho a hacer lo que las leyes permiten". Las leyes democráticas, iguales para todos.

Por ello, no puede excluirse que sea conveniente en un momento dado recurrir a los tribunales. La Constitución atribuye al Gobierno la posibilidad de impugnar determinadas resoluciones de las comunidades autónomas, pero el texto aprobado por el Parlamento vasco no tiene carácter dispositivo al menos hasta su convalidación por las Cortes y su posterior refrendo popular. Para frenarlo es ahora más útil un debate político que ponga de relieve no sólo su anticonstitucionalidad sino sus debilidades democráticas. Ante todo, que intenta sustituir un marco jurídico que suscitó el apoyo del 85% de los electores, nacionalistas o no, y de los tres territorios, por otro que deja fuera a la mitad no nacionalista y que podría provocar la escisión de al menos uno de los territorios, según ha advertido la Diputación de Álava.

El ministro de Defensa, José Bono, reivindicó ayer, con motivo de la Pascua Militar, la identificación de las Fuerzas Armadas con la Constitución incluyendo el papel que dicha norma les atribuye. En pleno debate sobre el desafío soberanista planteado por el nacionalismo vasco, el Rey, como ya hiciera en su discurso institucional de fin de año, hizo un llamamiento en favor de preservar "el espíritu integrador" de la Constitución, a la que debemos, dijo, "años de armónica convivencia". El presidente Zapatero informó de que recibirá al lehendakari el próximo jueves para transmitirle las razones para rechazar su plan.

El tono patriótico habitual en la conmemoración había girado en los últimos años en torno al terrorismo. Bono invocó la memoria de las víctimas de los atentados del 11-M y cuantas les precedieron, con un especial recuerdo para los 295 militares y guardias civiles asesinados por ETA. Pero este año fue sobre todo la sombra del plan Ibarretxe lo que sobrevoló en las menciones habituales a la unidad de España. Menciones no estridentes, pero firmes. Remedando una famosa frase del entonces presidente del Congreso tras el fracaso del golpe del 23-F, Bono proclamó que hoy "decir más España es decir más libertad, menos fronteras entre nosotros y más Constitución".

En las semanas anteriores a la aprobación del plan Ibarretxe se ha destilado desde sectores nacionalistas la idea de una excepcionalidad española en relación al papel del Ejército. Sin embargo, la misión que la Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas ("garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional") es similar a la que contemplan otras constituciones europeas, empezando por la francesa, y coincidente con la que asumen en la práctica los ejércitos de los países democráticos como expresión de su supeditación al poder civil. Es en los países no democráticos donde, en lugar de la defensa de esos principios, es primordial la misión de control del orden público.

Defender el ordenamiento constitucional supone hoy y aquí defender la España autonómica, incluyendo la posibilidad de reformas compatibles con los valores esenciales de libertad, igualdad de derechos de los ciudadanos y respeto del pluralismo político. Lo que está planteado y que en breve resolverán los representantes de la soberanía popular, incluyendo los diputados vascos de todos los partidos representados en las Cortes, es si la propuesta del lehendakari aprobada por el Parlamento vasco es compatible con esos principios. Y eso es lo que el presidente del Gobierno tendrá que decir con toda claridad al lehendakari Ibarretxe cuando, el próximo jueves, lo reciba en La Moncloa.